Al término de la reunión del Gobierno, el Primer Ministro Luís Montenegro declaró que esta medida para la venta de bienes procedentes de una herencia indivisa, tanto urbana como rural, tiene como objetivo fortalecer el mercado de alquiler y venta de viviendas.

«No corresponde al Estado buscar soluciones ni limitar los derechos de propiedad, pero no podemos prescindir de mecanismos para desbloquear las situaciones de bloqueo» en las herencias que permanecen indivisas por falta de acuerdo entre los herederos, añadió.

Según el Primer Ministro, aunque un solo heredero puede hacerlo, la idea es que «todos participen» en la liberación de una herencia indivisa tras dos años, y agregó que el objetivo de la medida es «evitar la existencia de numerosas propiedades vacías» y fortalecer la oferta de vivienda, tanto en alquiler como en venta.

Reparto de herencias más rápido
Al término de la reunión del Consejo de Ministros del 12 de marzo, el Ministro de la Presidencia anunció que el fortalecimiento de los mecanismos que agilizan la resolución del reparto de tierras y propiedades rurales en casos de desacuerdo entre herederos implicaría recurrir al arbitraje sucesorio (extrajudicial).

Según explicó en ese momento, la intención es agilizar "el uso o la venta de una propiedad sin que nadie pueda bloquear" el reparto de la herencia, permitiendo así la desbroce y rentabilización de tierras rurales, y la venta o el alquiler de propiedades residenciales.

Los cambios anunciados forman parte del tercer paquete de medidas del Gobierno para aumentar la oferta de vivienda, que también podría incluir medidas para agilizar los desahucios.

El Gobierno también finalizó la autorización legislativa para medidas de incentivo fiscal para el alquiler y la venta de viviendas a precios moderados, incluyendo una reducción al 6% del IVA en la construcción, y aprobó el texto final del Régimen Jurídico de Urbanización y Construcción (RJUE) para su "presentación al Presidente de la República para su promulgación".

Reducción de impuestos y cambios en el RJUE
En materia tributaria, las principales medidas incluyen una reducción del 25% al ​​10% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRS) para incentivar el alquiler de viviendas, la exención del impuesto sobre las ganancias de capital en la venta de inmuebles residenciales para reinversión en nuevas propiedades destinadas al alquiler, un aumento del límite de deducción por alquiler en el IRS a 1.000 euros mensuales y la aplicación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (IMT) del 7,5% a los no residentes que adquieran una vivienda.

Este conjunto de incentivos fiscales está sujeto, no obstante, a límites máximos para ingresos mensuales moderados y precios de venta moderados, que no pueden superar los 2.300 euros (2,5 veces el salario mínimo nacional) para los ingresos mensuales y los 660.982 euros para la venta. Asimismo, se reduce el IVA del 23% al 6% en la construcción de inmuebles destinados a la venta o al alquiler y en la autoconstrucción.

Según el jefe de gobierno, las modificaciones al RJUE (Régimen Jurídico de Ordenación Urbana y Construcción) también buscan clarificar las normas y acortar los plazos para que haya más viviendas a menor costo disponibles para el pueblo portugués.

La legislación reduce los plazos de construcción mediante la simplificación administrativa, específicamente al reducir el tiempo entre la presentación de la notificación previa y el inicio de la obra a un mínimo de ocho días.

En la fase de evaluación, las consultas con las distintas entidades que deben pronunciarse sobre el proyecto se inician simultáneamente, evitando así que los proyectos se estanquen en un solo organismo a la espera de una decisión.

Según estimaciones del gobierno, las medidas del paquete de vivienda cuestan entre R$ 200 y R$ 300 millones y deberían mantenerse vigentes hasta finales de 2029.

Las medidas generan dudas.
Las medidas aprobadas por el Gobierno para acelerar los desahucios y desbloquear las herencias indivisas han generado reacciones divergentes entre representantes del sector inmobiliario, juristas y movimientos defensores del derecho a la vivienda.

Entre las críticas más severas figuraban las del presidente de la Asociación de Propietarios de Lisboa (ALP) y expresidente del Colegio de Abogados, Luís Menezes Leitão, quien admitió tener dudas sobre la constitucionalidad de las modificaciones propuestas a las herencias indivisas cuando se anunciaron el 12 de marzo.

Fuente: Lusa/Redacción